No revoquemos la revocatoria

La Constitución de 1991 es generosa en instrumentos democráticos cuyo uso tiene el carácter de derecho fundamental. Además del derecho al voto por los cargos de elección popular, otros mecanismos de participación facilitan a los ciudadanos involucrarse en la conducción de los asuntos públicos y controlar la actividad de las autoridades.

Una de esas valiosas herramientas para la democracia es la revocatoria del mandato, mediante la cual los ciudadanos deciden por voto popular sobre la continuación de alcaldes y gobernadores en sus cargos.

De acuerdo con la ley, los requisitos para promover una revocatoria del mandato son:

  • Que el mandatario se encuentre en el segundo o tercer año del periodo institucional.
  • Que sea promovida por cualquier ciudadano, un comité promotor de entre 3 y 9 personas, un partido político u organización social.
  • Que se solicite su realización ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
  • Que la solicitud incluya una exposición de motivos o las razones que la fundamentan.
  • Que dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de los formularios por la Registraduría (prorrogables por 3 más) los promotores acrediten un número de firmas equivalente al 30% de los votos que obtuvo el elegido que es objeto de la revocatoria.

Superado aquello, la revocatoria del mandato prospera cuando alcanza un umbral mínimo del 40% de los votos válidos de la elección en la que ganó el mandatario y es aprobada por la mitad más uno de los votantes.

Siendo así, hasta ahora la verdadera dificultad de una revocatoria del mandato radicaba en la recolección de las firmas que exige la ley, la superación del proceso de verificación de las mismas por parte de la Registraduría y la obtención del apoyo necesario en las urnas.

Sin embargo, con ocasión de las solicitudes de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá e iniciativas similares a lo largo del país, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que revisará las causales invocadas en ellas para evitar que el mecanismo se tergiverse.

Sobre esa medida, si bien he sido defensora de una amplia competencia constitucional del Consejo Nacional Electoral para intervenir en todas las manifestaciones de la actividad electoral, en cualquier etapa del ciclo, en este caso considero que la finalidad de la revocatoria del mandato y el diseño de las causales y requisitos previstos para ella en la ley marginan necesariamente a dicha autoridad de su trámite inicial y la revisión propuesta aniquilaría un mecanismo que ya enfrenta la dificultad de conseguir la votación mínima que le impuso la ley.

En primer lugar, la ley estableció dos causales para promover una revocatoria del mandato de un alcalde o un gobernador: el incumplimiento del programa de gobierno y la insatisfacción general de la ciudadanía. En segundo lugar, en su fase constitutiva, es decir, previa a la eventual elección, la ley previó la aprobación de la solicitud por parte de la Registraduría (cabe advertir que la ley también hace referencia a una verificación de requisitos, pero la asocia al referendo, de modo que la aplicación de esta actuación a la revocatoria del mandato es, cuando menos, discutible).

Esa revisión de la Registraduría recae sobre los requisitos formales de la solicitud y tratándose de aquel referido a la exposición de motivos, debe reducirse a la constatación de la sustentación de alguna de las dos causales, es decir, el incumplimiento del programa de gobierno y la insatisfacción general de la ciudadanía. En otras palabras, la función de la Registraduría en esta materia está limitada a verificar que la solicitud incluya unas razones que respondan a alguna de esas dos causales. Adicionalmente, ninguna norma contempla expresamente la intervención del Consejo Nacional Electoral en esta fase.

Cualquier revisión, verificación o constatación sobre las materias que motivan la solicitud o respecto de su contenido desborda las competencias tanto de la Registraduría como del Consejo Nacional Electoral, pues equivaldría a sustituir al electorado en la decisión misma de la revocatoria. En esa medida, el incumplimiento del programa de gobierno se sustenta con la indicación de las partes de dicho programa que se consideran incumplidas y las razones del incumplimiento, sin que la ley exija fórmulas especiales, estudios ni análisis sofisticados que demuestren el incumplimiento.

En cuanto a la insatisfacción general de la ciudadanía, la causal es de tal amplitud que permite a los promotores exponer cualquier motivo que desapruebe la gestión del mandatario.

La Corte Constitucional (sentencia C-180 de 1994) consideró el requisito de exponer los motivos de la revocatoria como razonable y ajustado a la Constitución “por cuanto fija el contenido y las causas para que los ciudadanos puedan ejercer efectiva y eficazmente el control político” y en cuanto a las causales, justificó su validez en que “constituyen las verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación con el elegido, cuando éste o incumple su programa de gobierno -para el caso del voto programático- o genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos”. Más allá de esas valoraciones, la Corte no precisó sobre la manera en que debían exponerse los motivos para la revocatoria ni manifestó preocupaciones sobre la “seriedad” de las iniciativas, en la forma en que lo hace actualmente el Consejo Nacional Electoral.

Ahora, es razonable que la Organización Electoral vele porque los mecanismos de participación ciudadana cumplan su verdadero propósito y justifiquen la inversión presupuestal que supone llevar a cabo las respectivas elecciones. En esa medida, sí es importante que las solicitudes cumplan con un mínimo de argumentación sobre sus motivaciones, que es justamente lo que exige la ley.

Pero no corresponde ni a la Registraduría ni al CNE valorar esas razones en cuanto a su “seriedad” ni mucho menos a sus posibilidades de éxito, a partir del sustento de las solicitudes. Esa valoración compete al pueblo, primero, al momento de resolver si apoya con su firma la iniciativa –pues debe resaltarse que el formulario de recolección de firmas contiene los motivos- y después, en las urnas, donde decidirá de forma definitiva sobre la continuidad del mandato de quien favoreció previamente en una elección ordinaria.

El verdadero éxito de las revocatorias del mandato de alcaldes y gobernadores, así como de las elecciones ordinarias, depende, como siempre, de la consciencia política y electoral de los ciudadanos, atributo del que desafortunadamente carece un porcentaje alto de votantes.

 

Fuentes:

Ley 134 de 1994

Ley 1757 de 2015

Corte Constitucional de Colombia, http://www.corteconstitucional.gov.co

Diario El Tiempo: “CNE suspenderá revocatorias de mandato que no cumplan con la ley”, 2 de marzo de 2017

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