Renunciar o no renunciar: esa es la cuestión

 

Al acercarnos al año que precede a las elecciones de Congreso de 2018, los servidores públicos que exploran posibles candidaturas se preguntan sobre sus inhabilidades.

En esta entrada me referiré a las causales de inhabilidad que pueden configurarse para quienes ocupan cargos públicos y aspiran a ser congresistas, con el fin de contribuir al análisis individual del interesado.

Ejercicio de autoridad

Existe el temor de que, por el solo hecho de ser empleado público, una persona esté inhabilitada para ser candidata a un cargo de elección popular.  Pero basta con leer la causal[1] para advertir que no es cualquier cargo público el que puede inhabilitar, sino que debe ser un cargo público con jurisdicción o atribuciones de autoridad civil, administrativa, política o militar.

En esa medida, es claro que inhabilitarían los cargos de juez, magistrado y fiscal, pues de forma expresa la Constitución Política y la ley les otorgan jurisdicción.

Así mismo, la Ley 136 de 1994[2] funciona como un buen referente para saber que la autoridad política la ejercen los alcaldes, gobernadores, el presidente y sus respectivos secretarios y ministros de despacho, mientras que la militar corresponde a los oficiales en servicio activo de las Fuerzas Militares y los suboficiales con rango de comandantes.

También esa ley facilita la definición de autoridad civil y administrativa al introducir un listado enunciativo de funciones que la constituyen, por ejemplo, “ejercer el poder público en función de mando… con facultad de compulsión o coacción por medio de la fuerza pública”, “nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia”, “celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta… investigar las faltas disciplinarias”.

De ahí se deduce que la autoridad de un cargo público se define a partir de criterios orgánicos y materiales, es decir, por el cargo mismo o por sus funciones. Por eso es indispensable que el empleado revise las funciones del cargo que ostenta en la Constitución, la ley o el reglamento, normalmente contenidos en manuales de funciones.

El caso de los concejales y diputados

No se discute que los concejales y diputados son servidores públicos, además de elección popular. Sin embargo, esos cargos no configuran la causal de inhabilidad por ser empleado público con autoridad que se acaba de reseñar, pues no tienen la calidad de empleados públicos, sino que son otra categoría de servidor público denominado, justamente, “miembros de las corporaciones públicas”[3].  No siendo empleados públicos, es inocuo proseguir a revisar si ejercen autoridad en alguna de las modalidades indicadas.

Pareciera una lectura en exceso literal de la causal, pero el carácter taxativo y de interpretación restringida de las inhabilidades exige que así sea.

La coincidencia de periodos

Lo que sí deben cuidar los concejales y diputados que resulten elegidos como congresistas es que al momento de la inscripción[4] como candidato al Congreso su renuncia a las dignidades anteriores haya sido debidamente aceptada, en razón a la prohibición de ser elegido para cargos cuyos periodos coinciden en el tiempo.

Ahora, es importante destacar que ninguna norma impone a los concejales y a los diputados renunciar a esos cargos para inscribirse como candidatos al Congreso. Lo que sí deben formalizar, se insiste, es la renuncia antes de la inscripción.

La exigencia de honrar el periodo de una elección previa

Mucho se ha especulado sobre los efectos de la sentencia de unificación que profirió el Consejo de Estado al anular la elección de la ex gobernadora de La Guajira Oneida Pinto[5].

En uno de sus apartes, la sentencia advierte que, “Si bien es cierto el elegido tiene derecho a renunciar a un cargo que ha obtenido por mandato popular, ese mismo mandato, le impone que, mientras dure el período para el cual fue electo, no puede buscar el favor del electorado para acceder a otros de mayor jerarquía en la estructura estatal”.

Sin embargo, aquella decisión judicial debe considerarse en el contexto en el que fue proferida y a partir de la causal de inhabilidad que estudió. Se trató en ese asunto de determinar si la ex gobernadora estaba inhabilitada por haber sido alcaldesa de un municipio del departamento de La Guajira para el periodo anterior, a partir de la inhabilidad prevista en la Ley 617 de 2000 que impide a los gobernadores y alcaldes aspirar a cargos de elección popular durante el periodo para el que fueron elegidos y 12 meses después.

En tales condiciones, esa causal no está dirigida a todos los cargos de elección popular o a cualquier cargo público, sino a los gobernadores y alcaldes en ejercicio, para quienes no resulta suficiente renunciar y dejar transcurrir 12 meses para postularse nuevamente como candidatos a otro cargo, pues de acuerdo con la jurisprudencia tendrán que esperar a que el periodo constitucional culmine, así no lo ejerzan completo.

El momento de la renuncia

Los empleados públicos que ejerzan autoridad deben renunciar al cargo al menos 1 año antes de la elección al Congreso (no la inscripción).

Los diputados y concejales pueden permanecer en su cargo máximo hasta la elección.

Los servidores públicos que no ejerzan cargos con autoridad, si bien no están inhabilitados para ser candidatos por cuenta del cargo, deben considerar eventuales cuestionamientos disciplinarios por participación en política o por la dedicación que demanda la campaña política.

Por último, es indispensable tener en cuenta que la inhabilidad por ejercicio de autoridad se refiere a “situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección” y que “la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales”[6].

 

[1] Para los congresistas, Constitución Política, artículo 179, numeral 2.

[2] Artículos 188 y siguientes.

[3] Constitución Política, artículo 123.

[4] Sobre este momento como determinante para la inhabilidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de julio de 2015, Rad. 2014-04010(PI) y Sección Quinta, sentencia de 17 de julio de 2015, Rad. 2014-00041.

[5] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de junio de 2016, Rad. 2015-51.

[6] Constitución Política, artículo 179.

 

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